¿Qué es un ERE?

¿Qué es un ERE?

Un ERE, o Expediente de Regulación de Empleo, es un procedimiento administrativo laboral de carácter especial por el que una empresa solicita autorización a la autoridad correspondiente para rescindir la relación laboral con todos o parte de sus empleados en un periodo de tiempo corto y determinado que está establecido en 90 días, el número se establece en función de cuántos forman la plantilla, siendo de 10 trabajadores para empresas de menos de 100 o de 30 para las que tienen más de 300.

Esta es una forma de despido colectivo por causas objetivas que tiene que ser justificado por la empresa que debe argumentarlas, pudiendo ser por motivos técnicos, de producción, organizativos o económicos. No deja de ser un proceso complejo que requiere de profesionales expertos como los que pone a tu disposición el despacho Bazán Abogados, donde encontrarás personal especializado por su cualificación y experiencia.

Varios tipos de ERE

Hay varios tipos de EREs que se adaptan a las diferentes situaciones en las que se puede ver envuelta la empresa:

  • El ERE de reducción de jornada tiene como objetivo acortar las horas de trabajo de sus empleados durante un periodo de tiempo determinado, bien reduciendo el horario diario o los días de la semana en los que trabajan. Este modelo conlleva que los empleados perciban la prestación por desempleo proporcional a las horas no trabajadas.
  • El ERE de suspensión de contratos de trabajo es el que rescinde la relación laboral entre los trabajadores y la empresa de forma temporal, periodo durante el cual los empleados recibirán la prestación por desempleo.
  • El ERE de extinción es la forma más común y desfavorable, ya que supone el despido colectivo y definitivo de los empleados afectados, a los que les correspondería recibir una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades de salario, siendo este el mínimo legal exigido, por lo que las condiciones pueden ser mejoradas por la empresa.

El proceso de un ERE requiere que ambas partes implicadas, tanto la empresa como los trabajadores a través de representantes elegidos por ellos, lleguen a un acuerdo en cada caso concreto que respete los mínimos establecidos por la ley.

 

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