La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para quienes viven en un bloque de pisos o en una urbanización. Los robos en los trasteros, los daños a los vehículos aparcados en el garaje, los actos vandálicos en el portal o el simple miedo a la ocupación de viviendas han provocado que la instalación de sistemas de grabación sea un tema de debate recurrente en casi todas las reuniones vecinales a lo largo y ancho de España.
Sin embargo, hablar de videovigilancia en comunidades de vecinos es adentrarse en un terreno legal bastante complejo, donde chocan frontalmente dos derechos fundamentales. Por un lado, tenemos el derecho a la seguridad y a la protección de los bienes compartidos y privados. Por el otro, el derecho inalienable a la intimidad, a la privacidad y a la propia imagen de cada uno de los residentes y de las personas que visitan el edificio.
Cuando el ambiente se tensa tras un incidente, la primera reacción en la junta siempre suele ser la misma: pongamos cámaras. Parece una solución rápida, económica a largo plazo, disuasoria y tremendamente efectiva. Y ciertamente lo es. Pero si este proceso no se hace respetando escrupulosamente la normativa vigente, la comunidad de propietarios puede pasar rápidamente de ser la víctima de un robo a enfrentarse a sanciones económicas durísimas que pueden desestabilizar por completo las cuentas del edificio.
EL MARCO LEGAL: DOS LEYES QUE HAY QUE CUMPLIR
Para entender cómo funciona la videovigilancia en los espacios residenciales, primero hay que tener claro que las comunidades de propietarios no son un territorio sin ley donde la mayoría puede decidir cualquier cosa. Aquí entran en juego dos normativas estatales que a veces parecen tener objetivos distintos.
La primera es la Ley de Propiedad Horizontal. Esta es la norma que rige la convivencia y el funcionamiento interno de tu edificio. Es el texto que nos va a decir cuántos votos se necesitan exactamente para aprobar la instalación de los equipos, cómo se reparte el coste de la instalación y del mantenimiento, y qué ocurre si un vecino vota en contra pero la mayoría aprueba el proyecto.
La segunda, y casi más importante en este contexto, es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, junto con el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. Esta normativa es la que defiende la intimidad de las personas. Nos dictará cómo deben colocarse los objetivos de las cámaras, cómo se tienen que custodiar las imágenes grabadas, durante cuánto tiempo se pueden almacenar y quién tiene permiso para acceder a ellas.
Instalar los equipos cumpliendo con la Ley de Propiedad Horizontal, pero ignorando la normativa de protección de datos, es el error más común y el que genera el mayor número de denuncias en nuestro país.
REQUISITOS PARA APROBAR LA INSTALACION EN JUNTA
Empecemos por el paso número uno. No puedes llamar a una empresa de seguridad e instalar un circuito cerrado simplemente porque el presidente lo considere oportuno o porque un grupo de vecinos lo haya hablado en el ascensor tras enterarse de un robo cercano. Todo debe pasar por el cauce oficial.
Es obligatorio convocar una junta de propietarios e incluir este punto específico en el orden del día. Para entender mejor cómo realizar estas convocatorias sin cometer errores formales, te sugerimos leer nuestro artículo sobre cómo hacer una junta de propietarios correctamente (puedes verlo en: https://bazan-abogados.com/como-hacer-una-junta-de-propietarios-correctamente-una-guia-integral/).
La regla general establece que para aprobar la instalación de un sistema de videovigilancia en comunidades de vecinos se requiere el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, que a su vez deben representar las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Esto significa que se necesita una mayoría cualificada. Si en tu bloque hay veinte viviendas, necesitarás que al menos doce propietarios voten a favor, y que la suma de sus coeficientes alcance el sesenta por ciento del total. No vale con que asistan cinco personas a la reunión y voten tres a favor. Hay que tener en cuenta el voto de los ausentes que, una vez notificados del acuerdo, no manifiesten su discrepancia en el plazo de treinta días.
Existe una excepción importante a esta regla de los tres quintos. Si la instalación de las cámaras forma parte de la contratación de un servicio de seguridad integral, como puede ser la contratación de vigilantes de seguridad presenciales que necesiten los monitores para realizar su trabajo, la jurisprudencia ha admitido en ocasiones que basta con una mayoría simple. Sin embargo, para evitar impugnaciones que paralicen el proyecto y generen mal ambiente, lo más prudente es buscar siempre la mayoría de tres quintos.
¿Qué ocurre con el pago? Si el acuerdo se aprueba legalmente con la mayoría requerida, todos los propietarios están obligados a pagar la derrama o el coste correspondiente a la instalación y mantenimiento del sistema, incluso aquellos que votaron en contra. No es un servicio del que uno pueda darse de baja voluntariamente.
DONDE SE PUEDEN PONER Y QUE PUEDEN GRABAR
Aquí es donde caen la inmensa mayoría de las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. El objetivo de las cámaras es vigilar las zonas comunes para garantizar la seguridad, y absolutamente nada más. No son una herramienta para controlar a los vecinos, ni para saber a qué hora llega alguien a casa, ni mucho menos para vigilar la calle.
Lo que sí se puede grabar sin problemas son los puntos de acceso críticos. Hablamos del portal, los vestíbulos, los rellanos, los pasillos que llevan a las viviendas, las entradas a los ascensores, los garajes, las zonas de trasteros y las áreas de recreo como piscinas, pistas deportivas o jardines comunitarios.
Pero las prohibiciones son muy estrictas.
En primer lugar, está terminantemente prohibido grabar la vía pública. Una cámara instalada en la fachada del edificio no puede enfocar a la acera, a la calle o a los coches que circulan. La vigilancia del espacio público es una competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Solo se permite captar una franja mínima de la calle si resulta físicamente inevitable para vigilar la puerta de acceso al edificio, pero debe reducirse a la mínima expresión.
En segundo lugar, la cámara no puede vulnerar la privacidad del hogar. Los objetivos no pueden apuntar directamente a la puerta de entrada de ninguna vivienda, de forma que se pueda ver el interior cuando el vecino abre la puerta. Tampoco pueden enfocar hacia las ventanas de los bajos o balcones.
En tercer lugar, quedan excluidas todas aquellas zonas donde se presuponga un nivel máximo de intimidad. Por ejemplo, jamás se pueden instalar cámaras dentro de los vestuarios de la piscina comunitaria, en baños comunes o en zonas de descanso del personal laboral de la finca, como la garita del conserje si es su espacio privado de descanso.
EL GRAN PROBLEMA DEL AUDIO
Si tu edificio va a dar el paso de instalar estos sistemas, debes asegurarte de que la empresa instaladora desactive los micrófonos o, preferiblemente, instale equipos que carezcan de esta función.
La grabación de voz en zonas comunes se considera una intromisión totalmente desproporcionada en la intimidad de las personas. La ley entiende que puede ser necesario grabar una imagen para identificar al autor de un acto vandálico, pero no existe ninguna justificación de seguridad para registrar de qué están hablando dos vecinos que se cruzan en el portal.
Si el edificio sufre de problemas de convivencia severos que no se resuelven con imágenes, como gritos o ruidos molestos constantes, existen otras vías legales mucho más efectivas. Te invitamos a leer nuestra información sobre qué hacer con vecinos ruidosos o que causan molestias (disponible en: https://bazan-abogados.com/que-hacer-con-vecinos-ruidosos-o-que-causan-molestias/). La regla de oro en videovigilancia es simple: solo se captura imagen, cero audio.
OBLIGACIONES DE PROTECCION DE DATOS Y PAPELEO
Aprobar la derrama en la reunión y colocar las cámaras apuntando al lugar correcto no es el final del proceso, es solo el principio. Desde el momento en que la primera cámara empieza a parpadear, la comunidad de propietarios se convierte legalmente en la entidad Responsable del Tratamiento de Datos. Esto conlleva unas obligaciones burocráticas ineludibles.
La obligación más visible es el cartel informativo. Es ese famoso cartel amarillo que todos hemos visto. Debe colocarse en un lugar perfectamente visible en todos los accesos a las zonas vigiladas, antes de que la persona entre en el plano de grabación. No sirve con comprar el cartel de plástico en una ferretería y pegarlo en la pared; hay que rellenarlo correctamente. Debe indicar claramente quién es el responsable del tratamiento de esas imágenes (la comunidad) y dónde o ante quién pueden los afectados ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión (normalmente se indica la dirección del administrador de fincas).
Además, aunque ya no es necesario inscribir ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, la comunidad sí tiene la obligación de redactar y mantener actualizado un documento interno llamado Registro de Actividades de Tratamiento. Este texto debe detallar qué datos se están recogiendo, con qué finalidad exacta, quién tiene acceso al equipo de grabación, las medidas de seguridad implementadas y los plazos de conservación.
Si externalizáis el mantenimiento de las grabaciones a una empresa de seguridad, esta empresa adquiere el rol de Encargado del Tratamiento. Es obligatorio firmar con ellos un contrato específico que garantice que van a tratar las imágenes cumpliendo con la legislación vigente y que no las van a utilizar para ningún otro fin.
EL DERECHO A VER LAS IMAGENES: UN ERROR COMUN
Llegamos al punto que más conflictos diarios genera en las fincas. Imagina esta situación, que ocurre todos los días en algún lugar del país: bajas por la mañana a tu plaza de aparcamiento y descubres que alguien le ha hecho un rayón de lado a lado a tu coche. Sabes perfectamente que hay una cámara de seguridad apuntando hacia tu pasillo. Lleno de indignación, llamas al presidente de la comunidad y le exiges ver el vídeo de la pasada noche para descubrir al culpable.
La respuesta legal que debe darte el presidente es un rotundo no.
Por muy frustrante que resulte para la víctima, ningún vecino tiene derecho a visionar libremente las grabaciones de las cámaras de la comunidad. Las imágenes contienen datos personales de terceros, como otros vecinos entrando y saliendo, menores de edad o matrículas de otros vehículos. Mostrar esas imágenes a un particular es una infracción grave de la ley de protección de datos.
Entonces, ¿de qué sirven las cámaras si no puedo ver quién ha dañado mi propiedad? Sirven como una prueba legal fundamental, pero hay que respetar el canal oficial.
El procedimiento correcto es el siguiente: primero, debes acudir a una comisaría de la Policía Nacional, Guardia Civil o al Juzgado para interponer una denuncia por los daños sufridos. Segundo, comunicas al presidente o al administrador que has puesto dicha denuncia y les indicas la fecha y franja horaria aproximada del incidente. El responsable del sistema de grabación debe acceder entonces al equipo, hacer una copia de seguridad de esas horas concretas, bloquearlas para evitar que el sistema las borre automáticamente, y ponerlas única y exclusivamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del Juez que lleve el caso, si estos las solicitan formalmente.
El equipo de grabación debe estar en un cuarto cerrado con llave, preferiblemente en un armario de seguridad, y el monitor no puede estar a la vista de cualquier persona que pase por allí.
PLAZOS DE CONSERVACION
La normativa es tajante en este aspecto. Las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia en comunidades de vecinos deben ser suprimidas en un plazo máximo de treinta días desde su captación.
Los sistemas de grabación modernos se configuran para grabar en bucle, de forma que el día treinta y uno sobrescribe automáticamente las imágenes del día uno. No está permitido guardar grabaciones por si acaso ocurre algo en el futuro.
La única excepción a esta regla del borrado mensual es el escenario que comentábamos antes: si se ha producido un delito, una infracción o un incidente que haya sido denunciado, las imágenes concretas de ese evento deben extraerse y conservarse bloqueadas todo el tiempo que sea necesario para entregarlas a las autoridades pertinentes.
CAMARAS PRIVADAS EN PLAZAS DE GARAJE
Un caso cada vez más habitual ocurre cuando la comunidad de propietarios no se pone de acuerdo para instalar un sistema general, y un vecino, cansado de sufrir robos o daños en su vehículo, decide instalar una cámara de seguridad por su cuenta apuntando exclusivamente a su plaza de garaje.
¿Es legal hacer esto? Sí, pero caminando sobre una línea muy fina. La Agencia Española de Protección de Datos permite que un particular instale una cámara para proteger su vehículo, pero exige que la lente enfoque estricta y milimétricamente al espacio de su plaza de aparcamiento. No puede grabar las plazas colindantes, ni las zonas comunes de paso del garaje, ni maniobras de otros propietarios.
Para realizar esta instalación, el vecino no necesita el permiso de la junta de propietarios, siempre y cuando la cámara no altere elementos comunes estructurales. Sin embargo, sí está obligado a cumplir con la normativa de protección de datos, lo que implica colocar un cartel informativo visible en su propia plaza indicando que es una zona vigilada por él mismo. Sobre los límites jurídicos y físicos en los aparcamientos compartidos, te aconsejamos leer sobre la normativa de la ley de propiedad horizontal en plazas de garaje (tienes la información aquí: https://bazan-abogados.com/ley-propiedad-horizontal-plazas-de-garaje/).
CAMARAS SIMULADAS Y VIDEOPORTEROS
Para ahorrar costes o para evitar el proceso de votación, algunos edificios optan por instalar carcasas de cámaras vacías que no graban nada, con el único fin de asustar a posibles intrusos.
Desde un punto de vista puramente técnico, si una cámara es comprobadamente falsa y no capta imágenes, no está sujeta a la ley de protección de datos, por lo que no hay que poner carteles ni cumplir plazos de borrado. Sin embargo, es una práctica desaconsejable. Generan una falsa sensación de seguridad entre los residentes. Si ocurre un incidente grave y los vecinos descubren que las cámaras eran de mentira, la junta de gobierno puede enfrentarse a exigencias de responsabilidad civil por haber engañado a los propietarios.
Por otro lado, es importante distinguir las cámaras de seguridad de los videoporteros tradicionales. Cambiar el telefonillo de toda la vida por un videoportero no se considera un sistema de videovigilancia como tal. Su finalidad es el control de acceso a la vivienda, no la seguridad perimetral. Por lo tanto, no requiere cumplir con toda la burocracia de la Agencia de Protección de Datos, siempre y cuando el aparato solo muestre la imagen en tiempo real cuando alguien llama al timbre y no grabe sistemáticamente de forma continua lo que ocurre en la calle.
CONSECUENCIAS Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
Tomarse a la ligera estas normas sale muy caro. Las sanciones a comunidades de propietarios por incumplir las reglas de videovigilancia no son un mito, son una realidad constante y suelen oscilar entre los mil quinientos y los diez mil euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la intencionalidad.
Se han impuesto multas de varios miles de euros simplemente porque el monitor de grabación estaba colocado en la mesa del conserje a la vista de los repartidores. Otras comunidades han sido sancionadas por orientar mal una cámara y captar la terraza del edificio de enfrente, o por no tener a disposición de los inspectores el Registro de Actividades de Tratamiento cuando hubo una denuncia.
Y un dato fundamental que todo presidente de comunidad debe saber: la inmensa mayoría de las denuncias que llegan a la Agencia de Protección de Datos no provienen de ladrones o personas ajenas al edificio. Provienen de vecinos de la propia comunidad que votaron en contra de la instalación, que tienen una mala relación personal con la junta directiva, o que se sienten espiados en su día a día.
Instalar cámaras en el edificio es una decisión excelente para proteger el patrimonio y fomentar la tranquilidad de todos los residentes. Funciona como elemento disuasorio y proporciona pruebas irrefutables cuando las cosas salen mal.
Sin embargo, no es un proyecto de bricolaje que se pueda hacer deprisa y corriendo. Requiere una convocatoria de junta milimétrica, un acuerdo formal que respete las mayorías legales, una instalación técnica profesional que bloquee los ángulos conflictivos, y un blindaje documental absoluto en materia de privacidad. Hacer las cosas bien desde el primer momento es la única manera de garantizar que la búsqueda de seguridad no termine convirtiéndose en el mayor problema económico y vecinal de la comunidad.